Curiosamente hoy me he conectado a la red y he recibido simulataneamente dos noticias contradictorias: la detención de 15 ciudadanos que se dedicaban a facilitar la descarga de películas y discos de manera ilegal, o sea "pirateando"; y por otra parte un buen artículo de Eduardo Hojman del semanal "ABCD las letras y las artes" de hoy. Desde hace semanas, posiblemente meses, voy leyendo en la red las quejas de internautas que no están de acuerdo con la ley que impide descargar libremente música o películas. El artículo de Hojman, que creo es muy oportuno, ha sabido recordar los tiempos en que copiábamos en cassettes los discos de los amigos.
En
los remotos tiempos del vinilo y la adolescencia, cuando alguno de
nuestros amigos se compraba un disco nuevo, era bastante habitual que
nos juntáramos todos en su casa y, después de escucharlo, nos
hiciéramos copias en cinta. Hoy en día, todo aquello, bajo los
inquietantes conceptos de piratería o copia ilegal, se ha convertido en
algo terrible, en un grave delito contra los pobres artistas que en
teoría dejan de cobrar.
Pero son las empresas, muchas de las cuáles, casualmente,
también producen los discos vírgenes, los aparatos para escuchar mp3 y
los ordenadores, las que «pierden» con las copias ilegales. Todas estas
campañas «antipiratería» parecen, más bien, el intento de empresas (que
sí actúan como verdaderos piratas) y de algunos gobiernos (que actúan
con malicia o con estupidez) de sacar más dinero a la gente, en una
cadena interminable de codicia e inmoralidad.
En Francia se multa con unos 150 euros a los que intercambian
archivos; en México esa multa será de mil salarios mínimos; en Estados
Unidos se habla de mil dólares por canción. Al parecer en España, en un
infrecuente acto de sensatez, se reconoce el derecho a la copia
privada.
Los títulos o secciones del código penal de una sociedad
revelan los valores de esa sociedad y el orden de importancia de los
mismos. Delitos contra la vida, contra la propiedad, contra el orden
público equivalen a delitos contra aquello que la sociedad más valora.
Por eso, una multa, ya sea moderada o excesiva, por el
intercambio de archivos es una normativa salvaje e inmoral que no
defiende la propiedad intelectual, y ni siquiera la propiedad privada,
sino la propiedad empresarial, el derecho de las empresas a ganar más
dinero, a costa de otros valores sociales como la intimidad, como el
derecho a que no espíen en nuestros ordenadores, a que no se nos metan
en casa.
 Escribe tu comentario (0 Comentario[s])
|
